El Boletín Oficial del Estado ha aceptado una directiva que viene de la Unión Europea que establece que toda biblioteca de localidad mayor de 5.000 habitantes tendrá que pagar un canon por libro prestado o por usuario del centro a las sociedades de autores y editores.
En la práctica, esta normativa implica que el usuario podrá seguir sacando libros de préstamo a coste cero y usando el centro, pero por cada libro que se preste o cada usuario registrado la biblioteca tendrá que pagar a las asociaciones de autores una cantidad, que lógicamente saldrá de sus fondos. Lo que implica que la biblioteca que más libros preste se quedará sin fondos para renovar su colección, llegando a darse la paradójica situación de que una biblioteca deje de prestar libros o directamente no pueda dar servicio y cierre porque no pueda seguir pagando el canon a las asociaciones de autores y editores.
De momento directamente no se contempla que para el usuario suponga coste alguno, si bien sí repercutirá en el empeoramiento de los centros, que verán sus presupuestos altamente mermados. Hace unos meses el gobierno aclaraba que dedicaría una partida presupuestaria extra a las bibliotecas para asumir el coste de este canon que tendrán que pagar, si bien aún no se sabe nada de esa partida en la práctica.
Este canon será gestionado por las empresas privadas gestoras de derechos de autor (cabe recordar que entidades como la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, están bajo investigación por el desfalco de sus cuentas), y se denomina "Derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público". Además no importa los derechos de autor a los que esté acogido el libro: ya sea una obra ya libre de derechos de autor, una obra que por su antigüedad ya sea pública, o una obra con derechos de autor, las bibliotecas tendrán que pagar por igual.
Desde los trabajadores de la red de bibliotecas de Castilla-La Mancha se están recogiendo firmas en contra de esta medida, impuesta desde Bruselas, a la vez que señalan la idea de la Junta de Comunidades de despedir al 80% del personal interino en las bibliotecas, para colocar bien a funcionarios de otros puestos o parados de larga duración.
Para ellos, estas medidas eliminarán las bibliotecas públicas, alertando además de la continua bajada de presupuestos que están teniendo en los últimos años por parte de la Junta, unido a los despidos. Con estas reducciones consideran que será cuestión de tiempo que el servicio de préstamo se deje de efectuar ahora que hay que pagar una tasa, así como el resto de actividades culturales que llevan a cabo los centros. Consideran que detrás de estas decisiones está privatizar el servicio y acabar buscando rentabilidad económica por encima de hacer llegar la cultura a todas partes. No se descarta que llegue el momento en el futuro en que dicha tasa tenga que ser pagada directamente por el usuario a la hora de acceder al centro o de pedir prestado un libro en caso de que la biblioteca no pueda hacerse cargo del pago de la tasa.
Las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha reciben 150.000 usuarios al año y son el segundo servicio público más demandado después de los sanitarios.
Fuente: El Diario.es
En la práctica, esta normativa implica que el usuario podrá seguir sacando libros de préstamo a coste cero y usando el centro, pero por cada libro que se preste o cada usuario registrado la biblioteca tendrá que pagar a las asociaciones de autores una cantidad, que lógicamente saldrá de sus fondos. Lo que implica que la biblioteca que más libros preste se quedará sin fondos para renovar su colección, llegando a darse la paradójica situación de que una biblioteca deje de prestar libros o directamente no pueda dar servicio y cierre porque no pueda seguir pagando el canon a las asociaciones de autores y editores.
De momento directamente no se contempla que para el usuario suponga coste alguno, si bien sí repercutirá en el empeoramiento de los centros, que verán sus presupuestos altamente mermados. Hace unos meses el gobierno aclaraba que dedicaría una partida presupuestaria extra a las bibliotecas para asumir el coste de este canon que tendrán que pagar, si bien aún no se sabe nada de esa partida en la práctica.
Este canon será gestionado por las empresas privadas gestoras de derechos de autor (cabe recordar que entidades como la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, están bajo investigación por el desfalco de sus cuentas), y se denomina "Derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público". Además no importa los derechos de autor a los que esté acogido el libro: ya sea una obra ya libre de derechos de autor, una obra que por su antigüedad ya sea pública, o una obra con derechos de autor, las bibliotecas tendrán que pagar por igual.
Desde los trabajadores de la red de bibliotecas de Castilla-La Mancha se están recogiendo firmas en contra de esta medida, impuesta desde Bruselas, a la vez que señalan la idea de la Junta de Comunidades de despedir al 80% del personal interino en las bibliotecas, para colocar bien a funcionarios de otros puestos o parados de larga duración.
Para ellos, estas medidas eliminarán las bibliotecas públicas, alertando además de la continua bajada de presupuestos que están teniendo en los últimos años por parte de la Junta, unido a los despidos. Con estas reducciones consideran que será cuestión de tiempo que el servicio de préstamo se deje de efectuar ahora que hay que pagar una tasa, así como el resto de actividades culturales que llevan a cabo los centros. Consideran que detrás de estas decisiones está privatizar el servicio y acabar buscando rentabilidad económica por encima de hacer llegar la cultura a todas partes. No se descarta que llegue el momento en el futuro en que dicha tasa tenga que ser pagada directamente por el usuario a la hora de acceder al centro o de pedir prestado un libro en caso de que la biblioteca no pueda hacerse cargo del pago de la tasa.
Las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha reciben 150.000 usuarios al año y son el segundo servicio público más demandado después de los sanitarios.
Fuente: El Diario.es
