En Bruselas, la tentación de la corrupción se presenta a menudo en forma de lobby. Y en la capital comunitaria, según diversas fuentes, hay entre 15.000 y 20.000 tentaciones que escapan a todo control efectivo. Los últimos en morder la manzana son tres eurodiputados, pillados in fraganti mientras apalabraban favores con asesores de empresas deseosas de influir en leyes que afectan a 500 millones de ciudadanos europeos. Varias comidas o cenas en restaurantes caros, la defensa de intereses empresariales legítimos y un generoso cheque bastaron para convencerlos. En realidad, estaban siendo grabados y engañados por reporteros de The Sunday Times, que llegaron a ofrecer 100.000 euros al año a cambio de la introducción de enmiendas a los informes legislativos en los que la Eurocámara tiene la última palabra, en pie de igualdad con los 27 Gobiernos de la Unión Europea.
Ernst Strasser, ex ministro de Interior austríaco, dimitió ayer tras ser sorprendido por la investigación y los vídeos, donde se le ve admitiendo que además de diputado es un "lobista" que trabaja para quien le pague para defender intereses comerciales en vez de a sus electores. El diputado, jefe de los conservadores austríacos en Europa, aseguró cobrar al año medio millón de euros de varios clientes, que le pagaban a través de una empresa en Viena para evitar una burocrática pero obligatoria declaración de bienes. Strasser introdujo una enmienda para aguar una reforma financiera en trámite parlamentario y trató de persuadir a otros miembros del Partido Popular Europeo que trabajaban más directamente en el asunto.
Strasser, muy conocido en Austria, anunció ayer el abandono de la política tras la publicación de los vídeos, en los que admite presionar a otros colegas clave por su acceso al expediente. Entre ellos está el conservador español Pablo Zalba. Según fuentes próximas al diputado, Zalba nunca habló con Strasse, pero sí fue tentado por los mismos reporteros del rotativo británico, sin llegar a aceptar su oferta.
Los otros dos parlamentarios pertenecen al grupo socialista. Uno de ellos, Adrian Severin, fue viceprimer ministro de Rumanía y aspiraba a suceder a Martin Schulz, el portavoz de los progresistas europeos, cuando éste acceda a la presidencia de la cámara a principios de 2012. Severin, hasta ahora un respetado parlamentario, introdujo otra enmienda a un informe sobre regulación bancaria tras hablar con otro diputado, al que convenció hasta que "hizo suya la idea", según contó a los reporteros. Algo parecido hizo Zoran Thaler, ex ministro de Exteriores esloveno, presentando una enmienda para reducir la responsabilidad financiera de una empresa en caso de malas prácticas.
Tras destaparse el escándalo, la vicepresidenta de la cámara a cargo de la Transparencia de los diputados anunció una investigación. "Las acusaciones son graves y el Parlamento Europeo se las toma seriamente", aseguró Diana Wallis en un comunicado. "Necesitamos una investigación completa", reiteró en su Twitter Jerzy Buzek, presidente de la institución. El rotativo británico ha accedido a compartir todo su material para que se esclarezca todo lo ocurrido.
Sin embargo, poco puede hacer en este momento la Eurocámara, más allá de esclarecer hasta dónde está arraigada la corrupción. Tanto esta institución como la Comisión Europea, que redacta las leyes, tienen registros de grupos de presión, pero son voluntarios y las organizaciones pro transparencia han criticado su eficacia. Una reforma en estado de tramitación pretende hacer ese registro obligatorio. Fuentes parlamentarias aseguran que la institución cuenta con exigencias y transparencia mucho más estrictas que la mayoría de parlamentos nacionales.
Sin ir más lejos, el Reino Unido o España no cuentan con un registro de grupos de presión", aseguran, evitando criticar a los medios británicos, a menudo muy activos contra toda decisión tomada fuera de Londres. Según las mismas fuentes, el "lado positivo" es que por primera vez The Sunday Times "reconoce la influencia" de la institución. En febrero, News of the World, un periódico del mismo grupo editorial, publicó en colaboración con una eurodiputada británica fotografías de diputados firmando en viernes en el registro para cobrar la dieta diaria, de 300 euros, justo antes de dirigirse al aeropuerto para regresar, sin apenas pisar el despacho, a su país de origen. Entre ellas estaba la socialista Eider Gardiazábal, protagonista de una información crítica con esta práctica habitual publicada después por diario El Mundo.
Transparency International pidió ayer en un comunicado un "código de conducta sólido" que incluya directrices éticas, total transparencia en cuanto a pertenencia a clubs u organizaciones, un escrupuloso control de los ingresos de los parlamentarios y la posibilidad de seguir la huella a cada enmienda presentada.
La influencia de los grupos de presión es "salvaje", según reconoce en conversación con este diario un veterano en la cámara. Haciendo realidad la máxima de que "en Bruselas, la influencia es personal", cualquier representante de una empresa puede concertar una cita con un eurodiputado, que a menudo ve pocos riesgos y muchas ventajas a la colaboración, remunerada o no. Strasser, por ejemplo, quería utilizar su experiencia como eurodiputado para crear una red de contactos útiles para sus intereses empresariales una vez dejase el europarlamento.
A menudo, estas prácticas no son vigiladas, ya que "el Parlamento controla que los diputados rellenen la ficha de su declaración de intereses, pero no le compete investigar la información que el facilite", reconocen fuentes de la cámara.
A falta de esclarecer el futuro de los dos eurodiputados que siguen en el cargo y otras ramificaciones, a la Eurocámara le queda el consuelo de que los parlamentos nacionales no están sometidos en general de un control más estricto, como se pudo ver el año pasado con el escándalo de los diputados británicos, que salpicó a David Cameron, el primer ministro actual, o Gordon Brown, el de la época. Además, según publica el rotativo británico, sus reporteros intentaron sobornar a 60 de los 736 diputados de la institución, de los que sólo tres comprometieron sus servicios y su imagen pública tras décadas de máxima responsabilidad política.
http://www.publico.es/internacional/367158/hasta-100-000-euros-a-cambio-de-venderse-a-intereses-comerciales
