Noticias sobre legal (página 4)

La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo respaldó hoy jueves la propuesta para elevar de 50 a 95 años el periodo de protección de las grabaciones musicales, con lo que intérpretes y productores mantendrían sus derechos durante todo ese período. La Eurocámara, que tiene poder de codecisión junto a los Estados miembros en este ámbito, votará a finales de marzo la propuesta de forma definitiva en su sesión plenaria en Estrasburgo (Francia).De aprobarse la reforma, la UE equipararía su protección con la vigente en Estados Unidos, donde los responsables de una grabación siguen percibiendo "royalties" durante 95 años desde la fecha de publicación. La norma afecta únicamente a la música en formatos físicos, como discos y CD y, por tanto, excluye todas las formas digitales.La noticia completa, en Yahoo! Noticias España.

Desde hace unas semanas, la Internet española anda revuelta con los planes del Gobierno para regular las redes P2P, que sirven para compartir archivos y que las entidades de gestión de derechos de autor y empresas productoras de contenidos han puesto en su punto de mira por ser, en su opinión, un reducto de piratería y descargas incontroladasLa alarma se encendió el pasado mes de diciembre cuando el ministro de Cultura, César Antonio Molina, anunció una medida "antipopular" inminente contra la piratería, una práctica que, aunque desde el Gobierno ya no se tilde de "ilegal", se considera "ilegítima".

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha anunciado que en España no se limitará el uso de las redes P2P, negando así la información publicada en algunos medios el pasado 10 de julio (de la que nos hicimos eco en Hispasonic). Estos medios sugerían que para el año 2010 se trataría de buscar un marco jurídico europeo que limitase el uso de programas de descarga de archivos (P2P). Ante esto, el ministro Sebastián manifestó (sin hacer referencia explícita a esta información) que no va a haber restricciones de ningún tipo que frenen el desarrollo de la red, y no se limitará el uso de ninguna herramienta.Lo ha hecho durante la rueda de prensa ofrecida con motivo del registro del dominio .es número 1.000.000. Además, ha adelantado que se está trabajando en el borrador de un nuevo Real Decreto que obligará a las operadoras a ofrecer como mínimo el 80% del ancho de banda anunciado.Visto en Network World.

A principios de año, Last.fm anunció el futuro lanzamiento de su Artist Royalty Program, que permitiría a los artistas ganar royalties cada vez que su música sonara en su red. Pues bien, ese lanzamiento ha llegado.

Después de pactar los precios y dispositivos afectados por el llamado canon digital, los ministerios de Cultura e Industria se acaban de poner un nuevo reto: "la definición de un marco jurídico coherente y seguro para la defensa de los derechos de propiedad intelectual tanto en el ámbito nacional como en el seno de la Unión Europea, aprovechando la presidencia española en el primer semestre de 2010". Así lo aseguran hoy en un comunicado tras la reunión de la Comisión Intersectorial que ha presidido el ministro de Cultura, César Antonio Molina. Y ese reto, reducida drásticamente la venta ilegal de contenidos en forma de top manta, equivale ahora a poner coto a los programas de intercambio de archivos (P2P) como eMule o BitTorrent. Por eso, en el comunicado se habla expresamente de la necesaria colaboración de las operadoras de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de acceso a Internet.La noticia completa, en el diario Público.

Leemos en el diario Público: Saber quién está detrás de la pantalla del ordenador le pareció a la industria discográfica la forma más efectiva para acabar con la descarga gratuita de contenidos protegidos por las leyes de propiedad intelectual. Ir a por el ciudadano que, pese a la popularización de la banda ancha, se gastó 257 millones de euros en 2007 en música y vídeos vendidos en soporte físico (25,7% menos que en 2006), fue la vía escogida por la asociación de Productores de Música de España (Promusicae) para enfrentarse a los programas de intercambio (P2P), como eMule o Kazaa.No ha podido ser, de momento. La justicia española ha dado la razón a Telefónica en su negativa a facilitar el nombre y domicilio de clientes, como solicitaba Promusicae. Así lo refleja el auto del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid al que ha tenido acceso Público, al considerar "justificada la oposición formulada por Telefónica".

Lo avanzábamos hace unos días, citando una noticia del diario Expansión: el nuevo canon digital ya está aquí. Los CDs y DVDs estarán gravados con 0,17 y 0,44 euros, respectivamente. Los reproductores de música digital (MP3 y MP4) con 3,15 euros, y los teléfonos móviles o PDA que dispongan de MP3 reciben una rebaja, quedándose en 1,10 euros.Las tarifas figuran en la orden ministerial del Ministerio de la Presidencia, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que entra mañana en vigor, y que, con más de un año de retraso, regula los soportes digitales sujetos al pago del canon por copia privada y las cuantías en cada uno de ellos, tal como estableció la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que entró en vigor el 29 de julio de 2006.

El Gobierno francés presentó un proyecto de ley de protección de la creación en Internet, que prevé la suspensión de la conexión a la red de los abonados que se descarguen archivos "ilegalmente". Esta será la plasmación legal de un acuerdo previo con los proveedores, conocido en noviembre del año pasado.La medida será adoptada tras dos advertencias previas al abonado y a instancias de una autoridad independiente que será creada a tal efecto, precisó el Ejecutivo. Dicha autoridad (Hadopi) estará integrada por magistrados que tendrán por cometido garantizar la regulación de las medidas técnicas de protección e identificación de las obras protegidas.El texto fue presentado en el Consejo de Ministros por la titular francesa de Cultura, Christine Albanel, que cree poder reducir los actos de piratería entre un 70% y un 80%. La suspensión del abono podrá tener una duración de entre tres meses y un año y puede ser modificada si el internauta acepta el pago de una multa. ¿Habrá que poner las barbas a remojar? La noticia completa, en el diario El Mundo.

El diario Expansión advierte hoy que los ministerios de Industria y Cultura ultiman la aprobación y publicación de la orden ministerial conjunta que pondrá en vigor el canon digital, el gravamen que se cargará -para compensar a los autores por las pérdidas que genera la copia privada- sobre todo tipo de soportes electrónicos capaces de almacenar información digitalizada, como discos duros, MP3 o incluso teléfonos móviles, recaudando más de 100 millones de euros anuales para las entidades de gestión. Las fuentes de este periódico dicen que esa orden ministerial verá la luz en los próximos días, incluso esta misma semana. La entrada en vigor del canon llega en un mal momento económico, con la inflación desbocada y el consumo en descenso.Mientras tanto, se ha sabido que la SGAE, Ageda, Promusicae, FAP, Adican y Adivan crearán una coalición antipiratería que se denominará Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos. Esta nueva plataforma propondrá medidas para que España deje de ser, según ellas, "el paraíso de la piratería en Internet". Más información en el diario El Mundo.

Dice El Mundo: Nuevo capítulo de la guerra de las discográficas contra las redes de intercambio de archivos P2P ('peer to peer') tipo eMule. Ahora, por vía civil, ya que han demandado a un desarrollador de 'software' español, Pablo Soto, por 13 millones de euros ante el Juzgados de lo Mercantil número 4 de Madrid, puesto que Promusicae considera que sus programas Blubster (en la imagen inferior), ManolitoP2P y Piolet, desarrollados bajo el protocolo MP2P, eran "para el intercambio ilegal entre particulares de música protegida".La Asociación de Productores de Música de España argumenta en su demanda que Soto desarrolló estas herramientas "con evidente ánimo de lucro" y asegura que, tras un "cálculo conservador", cifra las perdidas causadas por estos programas en más de 13 millones de euros, cantidad que reclama al acusado, además del cierre de los sitios web de sus programas. Sin embargo, David Bravo y Javier de la Cueva, abogados de Soto, aseguran que éste desarrolló el 'software' al que alude la demanda para la distribución de música libre, con licencia 'copyleft', y que se encuentra ligado a este movimiento.