Born escribió:Posupuessssssto, como dirían mis queridos Faemino y Cansado.Juuaaaas, no me había fijado tío. Alavado viene de A-lavarse, es decir, "niños, a-lavarse las manos", luego, A-lava a Jesús, es a-lavarle su cuerpo.
Así es la nueva cárcel de Alava
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Baneado rod_zero escribió:El único problema es seleccionar correctamente a los presos que pueden rehabilitarse y los que son psicópatas y no tienen muchas probabilidades de reformarse y a cada uno enviarlo a una prisión acorde.
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Los que hayan hecho cosas leves y puedan rehabilitarse, a prisiones cómodas. El resto que se pudran en pocilgas.
Baneado undercore escribió:pues teniendo en cuenta que esta va más para etarras...
Hombre, la prisión se construyó durante el mandado güeno. Es normal que los etarras güenos la disfruten. Es de caballeros devolver los favores. Yo también acabo con el hambre en el mundo si pongo pasta sobre la mesa para que coman todos.
Ah no, que es demagogia barata. ETA son los padres y las fotos de la cárcel las he hecho yo con el fotosok que me he bajado de la web del PP
Feliz año y que ciertos presos preparen el ojete, que no van a disfrutar piscina, ni sufrir pocilga. Aviones traigo
Baneado
Los reclusos de la cárcel de Campos del Río degustarán entrecot en Nochevieja y arroz y marisco en Año Nuevo
http://www.20minutos.es/noticia/1264992/0/
No se merecen menos. Su aporte a la sociedad es impagable y además están presos porque el juez es de mentalidad clásica y les tiene manía......
Y yo no vendo diez millones de discos porque las discográficas me tienen manía también
http://www.20minutos.es/noticia/1264992/0/
No se merecen menos. Su aporte a la sociedad es impagable y además están presos porque el juez es de mentalidad clásica y les tiene manía......
Y yo no vendo diez millones de discos porque las discográficas me tienen manía también
Baneado
#189 Coño,los mandos del franquismo han vivido como reyes en sus putos palacios,que para mi han sido la misma mafia,solo que unos llevaban sombrero y otros chapelas.
DESDE Ahaztuak 1936-1977 (víctimas del golpe de Estado, de la represión y de régimen franquista) queremos saludar la petición que la jueza federal argentina María Servini de Cubría ha realizado al Estado español pidiendo información sobre ministros y responsables de las fuerzas de seguridad del régimen franquista durante el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Esta petición se realiza a instancias de un grupo de familiares de víctimas del régimen franquista residentes en su mayoría en Argentina y bajo el principio de justicia universal, que permite investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en terceros países. El exhorto de esta juez federal solicita nombres y domicilios de los ministros de los sucesivos gobiernos del régimen franquista habidos entre el 17 julio de 1936 y 15 junio de 1977 y también de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española, solicitando también el certificado correspondiente en caso de fallecimiento. Asimismo, la juez ha pedido información sobre personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la dictadura franquista, niños apropiados y datos de empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo y lucrarse con ello.
Ante este hecho, desde nuestra asociación sólo podemos decir que es una nueva constatación -otra más- de la persistencia del modelo español de impunidad para con los crímenes del régimen franquista y los responsables de los mismos, que nunca se han visto sujetos a la jurisdicción internacional para con los delitos de genocidio y de lesa humanidad que cometieron. Una jurisdicción que el Estado español también tiene suscrita y que, sin embargo, ha incumplido gobierno tras gobierno -independientemente de sus siglas políticas- hasta el día de hoy. Entendemos que la demanda de la jueza argentina puede y debe suponer un nuevo revulsivo para dar a conocer con mayor fuerza internacionalmente, pero sobre todo dentro de Euskal Herria y del propio Estado español, la realidad de este modelo de impunidad y su continuidad amparada y consentida por un sistema que se dice plenamente democrático, pero al igual que con el conocido auto del juez Baltasar Garzón que en su momento también supuso una sacudida mediática también creemos que hay que situarlo en su justo término y para ello nos parece imprescindible señalar varias cuestiones.
La primera es subrayar que este paso dado por la jueza argentina Maria Servini de Cubria reafirma las reflexiones y las peticiones de las víctimas del franquismo y en concreto desde nuestra asociación que desde su nacimiento hemos venido señalando que las víctimas del régimen franquista no son únciamente las víctimas del enfrentamiento bélico de 1936-1939 y de los primeros años de la posguerra, sino las habidas hasta la desaparición formal de ese régimen, es decir, hasta el año 1977. En este sentido da plena validez a la reivindicación como víctimas del régimen franquista de tantas personas que lucharon contra él, de tantas víctimas... hasta ahora constante y conscientemente marginadas, siendo un claro ejemplo porque los condena todos el de Jose Luis Sánchez Bravo, miembro del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico), uno de los cinco luchadores antifascistas fusilados el 27 de septiembre de 1975 junto con otros cuatro entre los que se cuentan los ciudadanos vascos y militantes de ETA, Jon Paredes Manot, Txiki, y Ángel Otaegi.
La segunda es constatar que el hecho de situar el recorrido temporal de los crímenes investigados y de las responsabilidades requeridas entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 impugna de manera evidente y contundente el inaceptable intento subyacente en el auto del juez Baltasar Garzón de limitar de forma interesada hasta 1952 los crímenes cometidos por el régimen franquista y la asunción de su responsabilidad penal por parte de aquellos que los ordenaron, cometieron y ampararon en su impunidad. Con esta petición en la mano y atendiendo a esos principios jurídicos en los que se sustenta, son muchos los responsables de diferente orden y nivel del régimen franquista que aún viven los que deberían ser presentados ante este requerimiento. Si el auto de Garzón hurtaba conscientemente a un posible requerimento judicial a muchos de ellos por una evidente cuestión de edad y de la subsiguiente y más que probable desaparición física lo que eliminaba per se gran parte del problema, el requerimiento de esta jueza argentina pone sobre la mesa los nombres de centenares de ellos aún vivos y algunos de ellos incluso en activo en determinados ámbitos políticos, financieros...
Con todo también es imprescindible remarcar que, a pesar de la evidente validez y potencialidad que encierra el paso dado por la jueza, Servini de Cubria, nunca debemos olvidar que el lugar central de la lucha contra la impunidad de los crímenes del régimen franquista y por los derechos de todas sus víctimas y el reconocimiento de todas las personas que lucharon contra él, está aquí, en Euskal Herria, en el Estado español, y somos nosotros, las víctimas del franquismo las que debemos ser las impulsoras y las garantes de que esa lucha permanezca, avance y llegue a su término, imposibilitando que pueda ser llevada una vez más y quizás definitavemnte a vía muerta. Al igual que en Argentina, ha sido la lucha indesmayable de las víctimas de la dictadura militar y de sus asociaciones frente a todos los intentos de hacerles claudicar la que ha posibilitado que hoy decenas de represores y genocidas estén siendo juzgados y encarcelados. Desde Ahaztuak 1936-1977 decimos que estos mismos parámetros deben ser asumidos aquí: cualquier apoyo, elemento que refuerce esa lucha desde el exterior ha de ser saludado y utilizado en toda su potencialidad pero nunca interpretado como una dejación de nuestra propia acción, que es la que será determinante para acabar o no con el modelo español de impunidad para los crímenes del franquismo, porque es nuestra acción la única que puede convertir la continuidad y el amparo a este modelo de impunidad en un problema político y democrático para el Gobierno, las instituciones y el actual régimen político español.
Dicho esto, no podemos dejar de denunciar una vez más -al igual que lo hicimos en su momento con la Ley de Memoria Histórica, o con el auto del juez Baltasar Garzón, o en tantos otros momentos- el cinismo de tantos que ahora, en otra clara muestra de intento de utilización y de marketing político a costa de las víctimas del régimen franquista, se congratulan de esta decisión de la jueza argentina, aplaudiendo que ésta haga en Argentina lo que ellos han decidido de forma consciente no hacer aquí, en el lugar donde los crímenes se cometieron y donde viven la mayoría de las víctimas y también de los responsables de los mismos y sus cómplices.
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/30/opinion/tribuna-abierta/victimas-del-franquismo-demanda-desde-argentina
DESDE Ahaztuak 1936-1977 (víctimas del golpe de Estado, de la represión y de régimen franquista) queremos saludar la petición que la jueza federal argentina María Servini de Cubría ha realizado al Estado español pidiendo información sobre ministros y responsables de las fuerzas de seguridad del régimen franquista durante el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Esta petición se realiza a instancias de un grupo de familiares de víctimas del régimen franquista residentes en su mayoría en Argentina y bajo el principio de justicia universal, que permite investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en terceros países. El exhorto de esta juez federal solicita nombres y domicilios de los ministros de los sucesivos gobiernos del régimen franquista habidos entre el 17 julio de 1936 y 15 junio de 1977 y también de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española, solicitando también el certificado correspondiente en caso de fallecimiento. Asimismo, la juez ha pedido información sobre personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la dictadura franquista, niños apropiados y datos de empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo y lucrarse con ello.
Ante este hecho, desde nuestra asociación sólo podemos decir que es una nueva constatación -otra más- de la persistencia del modelo español de impunidad para con los crímenes del régimen franquista y los responsables de los mismos, que nunca se han visto sujetos a la jurisdicción internacional para con los delitos de genocidio y de lesa humanidad que cometieron. Una jurisdicción que el Estado español también tiene suscrita y que, sin embargo, ha incumplido gobierno tras gobierno -independientemente de sus siglas políticas- hasta el día de hoy. Entendemos que la demanda de la jueza argentina puede y debe suponer un nuevo revulsivo para dar a conocer con mayor fuerza internacionalmente, pero sobre todo dentro de Euskal Herria y del propio Estado español, la realidad de este modelo de impunidad y su continuidad amparada y consentida por un sistema que se dice plenamente democrático, pero al igual que con el conocido auto del juez Baltasar Garzón que en su momento también supuso una sacudida mediática también creemos que hay que situarlo en su justo término y para ello nos parece imprescindible señalar varias cuestiones.
La primera es subrayar que este paso dado por la jueza argentina Maria Servini de Cubria reafirma las reflexiones y las peticiones de las víctimas del franquismo y en concreto desde nuestra asociación que desde su nacimiento hemos venido señalando que las víctimas del régimen franquista no son únciamente las víctimas del enfrentamiento bélico de 1936-1939 y de los primeros años de la posguerra, sino las habidas hasta la desaparición formal de ese régimen, es decir, hasta el año 1977. En este sentido da plena validez a la reivindicación como víctimas del régimen franquista de tantas personas que lucharon contra él, de tantas víctimas... hasta ahora constante y conscientemente marginadas, siendo un claro ejemplo porque los condena todos el de Jose Luis Sánchez Bravo, miembro del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico), uno de los cinco luchadores antifascistas fusilados el 27 de septiembre de 1975 junto con otros cuatro entre los que se cuentan los ciudadanos vascos y militantes de ETA, Jon Paredes Manot, Txiki, y Ángel Otaegi.
La segunda es constatar que el hecho de situar el recorrido temporal de los crímenes investigados y de las responsabilidades requeridas entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 impugna de manera evidente y contundente el inaceptable intento subyacente en el auto del juez Baltasar Garzón de limitar de forma interesada hasta 1952 los crímenes cometidos por el régimen franquista y la asunción de su responsabilidad penal por parte de aquellos que los ordenaron, cometieron y ampararon en su impunidad. Con esta petición en la mano y atendiendo a esos principios jurídicos en los que se sustenta, son muchos los responsables de diferente orden y nivel del régimen franquista que aún viven los que deberían ser presentados ante este requerimiento. Si el auto de Garzón hurtaba conscientemente a un posible requerimento judicial a muchos de ellos por una evidente cuestión de edad y de la subsiguiente y más que probable desaparición física lo que eliminaba per se gran parte del problema, el requerimiento de esta jueza argentina pone sobre la mesa los nombres de centenares de ellos aún vivos y algunos de ellos incluso en activo en determinados ámbitos políticos, financieros...
Con todo también es imprescindible remarcar que, a pesar de la evidente validez y potencialidad que encierra el paso dado por la jueza, Servini de Cubria, nunca debemos olvidar que el lugar central de la lucha contra la impunidad de los crímenes del régimen franquista y por los derechos de todas sus víctimas y el reconocimiento de todas las personas que lucharon contra él, está aquí, en Euskal Herria, en el Estado español, y somos nosotros, las víctimas del franquismo las que debemos ser las impulsoras y las garantes de que esa lucha permanezca, avance y llegue a su término, imposibilitando que pueda ser llevada una vez más y quizás definitavemnte a vía muerta. Al igual que en Argentina, ha sido la lucha indesmayable de las víctimas de la dictadura militar y de sus asociaciones frente a todos los intentos de hacerles claudicar la que ha posibilitado que hoy decenas de represores y genocidas estén siendo juzgados y encarcelados. Desde Ahaztuak 1936-1977 decimos que estos mismos parámetros deben ser asumidos aquí: cualquier apoyo, elemento que refuerce esa lucha desde el exterior ha de ser saludado y utilizado en toda su potencialidad pero nunca interpretado como una dejación de nuestra propia acción, que es la que será determinante para acabar o no con el modelo español de impunidad para los crímenes del franquismo, porque es nuestra acción la única que puede convertir la continuidad y el amparo a este modelo de impunidad en un problema político y democrático para el Gobierno, las instituciones y el actual régimen político español.
Dicho esto, no podemos dejar de denunciar una vez más -al igual que lo hicimos en su momento con la Ley de Memoria Histórica, o con el auto del juez Baltasar Garzón, o en tantos otros momentos- el cinismo de tantos que ahora, en otra clara muestra de intento de utilización y de marketing político a costa de las víctimas del régimen franquista, se congratulan de esta decisión de la jueza argentina, aplaudiendo que ésta haga en Argentina lo que ellos han decidido de forma consciente no hacer aquí, en el lugar donde los crímenes se cometieron y donde viven la mayoría de las víctimas y también de los responsables de los mismos y sus cómplices.
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/30/opinion/tribuna-abierta/victimas-del-franquismo-demanda-desde-argentina
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