¿Si se declara la independencia que pasa con todas las personas que cobran una pensión cuyo derecho se ha generado con cotizaciones en España/Cataluña si no hay convenio o acuerdo para el cómputo recíproco de cotizaciones?
¿que pasa con los bienes de titularidad estatal?. En caso de apropiación por la república catalana ¿que derechos puede demandar el estado español?
¿que pasa con los funcionarios del estado que no quieran ser transferidos? ¿y los funcionarios de administración local y autonómica? Solo se podría hacer si hubiera mutua acuerdo y llevaría tiempo. ¿Hay un plan que prevea las consecuencias en Sanidad?
¿que pasa con las subvenciones y ayudas que total o parcialmente aporta el estado español, como ayudas a la dependencia, alquiler, rehabilitación o vivienda sociales?
Si no es reconocida la república catalana ¿que pasa con el euro, los acuerdos comerciales, los contratos comprometidos o la deuda?
Podría seguir.
Supongo que todo esto lo tienen solucionado los que pretenden declararse república catalana. Más que nada porque serían efectos inmediatos. Para poder solucionarlo habría que establecer un calendario de aplicación y cuantificar el impacto económico así como anticipar los problemas de liquidez, recursos humanos y demás.
En absoluto es meter miedo, solo lo comento desde el punto de vista de alguien que conoce un poco por dentro la administración.
Un/a anciano/a que cobra una pensión de viudedad de 600 euros no puede permitirse el lujo de sentirse libre si no come.
(Esta mañana he hablado con una persona en este caso)
¿ Todos estos también son un aparato más sometido al ejecutivo y al PP?
Lo mismo lo que pretenden los independentistas es todo lo contrario a lo que proclaman.
Primero dudan de la separación de poderes en el estado español para luego ejercer ellos la presión sobre los mismos.
Las cuatro organizaciones principales de jueces y magistrados, Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJD) y Foro Judicial Independiente (FJI) y las tres de fiscales, Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), se han unido para, de forma unánime, rechazar la creación por parte del Govern de la comisión especial sobre "la violación de derechos fundamentales en Cataluña", que entre otras funciones quiere "velar porque el sistema judicial sea, en este caso, igual de diligente y utilice todos los recursos que ha sido capaz de utilizar y de demostrar para perseguir otros hechos". Las entidades de jueces y fiscales creen que esta comisión es "un órgano innecesario, porque en nuestro país los derechos fundamentales y libertades públicas están plenamente reconocidos por la Constitución y la Ley" Además, recuerdan que los profesionales de la magistratura y del Ministerio Público, como integrantes del Poder Judicial, garantizan estas libertades y derechos y por eso consideran que la comisión del Govern "pretende interferir" en sus funciones. "Nadie debe quebrar la necesaria separación de poderes públicos, ni menoscabar nuestra independencia, ni devaluar nuestra apariencia de imparcialidad, porque son garantías para todos los ciudadanos", señalan las entidades
J. C. Juncker: "La UE no puede mediar si España no lo pide "
#15923
Tienen miedo a que otras regiones siga el ejemplo de Cataluña y se desestabilice la UE.
#15926 Que os preocupe tanto Cataluña y tan poco la vulneración de derechos y libertades es buscar alfileres en una casa en llamas.
Un país de garrulos.
#15929
Precisamente; aplícate el cuento.