4 escribió:
aunque el estado no quisiera/pudiera (manda huevos) meterse en los asuntos internos de la sociedad de gestión
El Estado no sólo puede, sino que debe, según el artículo 157 de la Ley de Propiedad Intelectual, velar "
por el cumplimiento de las obligaciones que incumben a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual". Para ello, "
podrán realizar las actividades de inspección y control que consideren convenientes". Lo que no sé es si, a pesar de que se dice que sí, ha habido realmente denuncias. Si las hubo, me temo que, entre lo real y lo mucho que acaba siendo no real, la Policía y la Guardia Civil no dan abasto y tendrán que priorizar investigaciones.
Por otra parte, me parece que estamos mezclando un posible delito cometido por socios de SGAE con el funcionamiento de la SGAE, en cuanto a asignación de votos. Que el delito se haya beneficiado de ese funcionamiento es distinto a que el mismo sea el origen del delito.
4 escribió:
podría legislar para no permitir registros fraudulentos
Ya está legislado. La Ley dice que tú no puedes registrar algo falso y, por cierto, ni siquiera no saber que es falso te exime de haber cometido esa ilegalidad. Los delincuentes que registraron su cesión de derechos de gestión de esas "versiones" con la SGAE , declarando en los formularios que eran versiones, mintieron a la SGAE porque sabían que lo que habían hecho no podía ni considerarse versión. Por cierto, me apuesto algo a que fueron listos y no hicieron el registro adecuado con el Registro de la Propiedad Intelectual, sólo con la SGAE, porque supongo que legalmente no es lo mismo mentir al RPI que a la SGAE. Eso es un delito o falta (no lo sé).
En cualquier caso, entiendo que ni el Registro de la Propiedad Intelectual ni el de la SGAE pueden evaluar cada obra registrada para ver si cumple los requisitos de originalidad. Eso es totalmente imposible. El problema real (para mí la base de esta estafa) no es que el registro te permita registrar la obra o no. El problema es que algunos trabajadores de las entidades de televisión que tenían que controlar si realmente sus empresas debían pagar por el uso de esos supuestos derechos eran también delincuentes que formaban parte de la estafa y que decían que, sí, que había que pagar. Eso partiendo de la base de que seleccionaban las obras que permitían dicho fraude.