En España, en solo 10 años, la bolsa de dinero negro aumentó un 33% debido a la evasión fiscal en el sector constructor y promotor en los años del ‘boom’ y después a la propia crisis económica, que ha propiciado un aumento de la economía sumergida. Una parte del dinero negro descansa en las “cajas fuertes” de empresas y dinastías familiares y otra se encuentra en paraísos fiscales en países extranjeros.
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España es el país europeo en donde más billetes de quinientos euros circulan. Hay, en nuestro país, 99 millones de billetes de quinientos euros, por valor de 49.591 millones de euros sobre un total de 66.950 millones de euros en billetes. Los billetes de quinientos euros representan, por tanto, el 75% del valor de los billetes en circulación. Una pista irrefutable de conductas opacas.
Si se piensa que la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país jamás ha visto un billete de quinientos euros, que de hecho ni siquiera están circulando ni son admitidos en las transacciones ordinarias, se llegará a la conclusión de que sólo se explica porque muchas grandes transacciones se realizan en dinero negro, ocultas al fisco y, por lo tanto, llevadas a cabo en el oscuro territorio de la economía sumergida.
Los mismos profesionales de la Agencia Tributaria se han manifestado en contra de la medida que consideran solo servirá para “enjugar los delitos fiscales a precio de saldo”. Los inspectores, que se supone son quienes más deben saber sobre fraude, estiman que el 72% del dinero defraudado a Hacienda proviene de las grandes fortunas y las grandes empresas que, incomprensiblemente, son investigados con muchos menos recursos, ya que la Agencia Tributaria concentra el 80% de sus investigaciones en pequeñas empresas y pequeños contribuyentes.
Un apunte: En España hay 7 mil inspectores y técnicos fiscales , de los que sólo 322 tienen potestad para abrir investigaciones . De ello se puede entender que solo 95 personas en 2011 cumplieran condena por delito fiscal.
Pero son las consideraciones para la convivencia en el Estado las que resultan más graves de la medida anunciada. En primer lugar, por el agravio comparativo que supone para los millones de contribuyentes que cumplen puntualmente con sus obligaciones. Se premia al defraudador, que podrá esperar a que una de estas amnistías cíclicas pongan en regla su dinero negro. El mensaje es claro: en el Estado español es más rentable delinquir que cumplir o dicho de otra forma, el impuesto grava la honradez.
El Estado pierde la legitimidad para exigir el esfuerzo colectivo, el que hace posible un sistema social de protección mútua y, en suma, la arquitectura del Estado del Bienestar se resquebraja en sus cimientos. Rompe también el equilibrio territorial, pues, los niveles de economía sumergida y de fraude fiscal son muy dispares en unas y otras Comunidades Autónomas, con lo que abierta la veda de la aministía, aquellas Comunidades más honestas en sus cuentas y en perseguir el fraude, salen claramente perjudicadas frente a aquellas donde la corrupción y los defraudadores protagonizan la vida pública y la economía productiva.
La crisis ha aflorado nuestras miserias peninsulares, pero no imaginábamos que llegaría a recurrir al perdón de los que roban al conjunto de los ciudadanos para salir adelante. Si quienes actúan de manera egoísta, buscando la riqueza monetaria a cualquier precio, incluido el recurso a la delincuencia fiscal, son hoy nuestros salvadores, prefiero declararme éticamente insumiso de este Estado de cosas.
fuentes: Daniel montero "el club de los pringaos" y
Jesus Gonzalez "con acento hispano"