Esto no es un post sobre leyes, sino sobre realidades. Sobre legislación laboral. Una persona que quiera montar un estudio de sonido o quiera simplemente ser técnico de sonido debe afrontar, hoy por hoy, unas obligaciones con la autoridad competente demasiado bruscas, por así decirlo. El coste mínimo de la quota básica de la Seguridad Social supera ya los 250 euros mensuales, tengas 1, 2 o 100 trabajos al mes. Además, deberás afrontar el pago a cuenta del IRPF (ahora el 19 %) y soportar la transferencia del IVA (21 %), hayas o no cobrado la factura. ¿Jodido? Bastante, pero es lo que hay. Si además hablamos de un estudio de sonido sumémosle los permisos de actividad comercial, local, etc.
Lejos de querer sublevar al sector, lo que acabo de comentar es una realidad, casi una obligación si simplemente queremos ser ‘profesionales’. Por profesional, esta vez, no lo entiendo como alguien que tiene estudios (homologados o no), formación y/o experiencia sino, simplemente, la capacidad legal de poder facturar y contar con el “apoyo” del Estado en materia de seguridad social, permisos, etc. Estar dentro del marco laboral actual es tremendamente caro.
Quizá por ello, y no quiero dar ejemplo, existen muchísimas personas que no son autónomos, muchos estudios sin permisos, muchas empresas fantasma… es decir, muchísima ilegalidad. Podemos quejarnos de que, sin duda alguna, esas obligaciones son caras, injustificadas o simplemente injustas, pero son la única opción para estar dentro de la legalidad.
Algunos hemos padecido esto en nuestras carnes: en una simple competencia entre un técnico y otro, entre un estudio u otro, al final el coste por hora (por poner un ejemplo) es quien dictamina quien sale venciendo. La diferencia entre A y B puede ser enorme desde una perspectiva de pago, pero tremendamente absurda si lo enmarcamos dentro de la legalidad: A será más barato que B puesto que B afrontará, como debe ser, la parte proporcional a la seguridad social, el incremento del IVA y compensará el IRPF. A es ilegal. Pero “contrarán” a A porque es más barato. Y esto generará que, al poco tiempo, B tenga que reducir aún más su caché, por el simple hecho que debe poder competir con toda esa amalgama de irresponsables. Además, será B quien estará pagando de manera indirecta los beneficios sociales a los que A puede acceder, justamente, por su falta de "empleo", léase ilegalidad.
Está bien quejarse del sector, de las condiciones, de los horarios, de la incredulidad y hasta incluso de la falta de comprensión por parte de la sociedad, pero creo que tenemos que ser tremendamente duros con aquellos colegas de trabajo que son ilegales. Quizá deberíamos empezar por aquí, por denunciar, raso y claro, a aquél que trabaja sin contrato (y el que contrata sin contrato, claro), quien no paga seguridad social, quien no factura (sea o no autónomo), quien compra software pirata (si no tienes pasta para un plug-in, no lo compres si ganas dinero con ello)… Quizá entonces, cuando entre nosotros lo tengamos claro, seamos nítidos y legales, tendremos la fuerza necesaria para empezar a resolver los problemas que tenemos con nuestros proveedores, clientes, etc. Pero antes, insisto, tenemos que barrer y bien nuestra casa, nuestro trabajo.
Con esto no quiero criticar lo que se está analizando en otro hilo más o menos similar, más bien al contrario. Existen fórmulas que permiten ser legal dentro de unas determinadas circunstancias, como poder formar parte de una cooperativa y poder 'facturar' a terceros dentro de un marco legal. Está bien, muy bien. Pero hazlo.